Según los datos de Amnistía Internacional 47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo (OMS 2020)

Todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes, debido principalmente a relaciones sexuales forzosas y embarazos no deseados (OMS 2020).

Más de 200 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas y 68 millones de niñas corren el riesgo de sufrir la mutilación genital femenina antes de 2030 (UNICEF).

Los derechos reproductivos están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estas conquistas no pueden entenderse sin las reivindicaciones y la lucha del movimiento feminista que incansablemente ha luchado medieante métodos noviolentos para poner en el foco de la agenda política y pública el control de sus cuerpos, sexualidad y maternidades. 

No debemos olvidar que este movimiento es interseccional y transnacional y que día a día mujeres de todo el mundo siguen siendo víctimas de violencias directas y estructurales, así como de discriminaciones que niegan sus derechos más fundamentales. 

La conquista de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país (España) es relativamente reciente, es de justicia histórica recordar que la despenalización formal de la venta y divulgación de anticonceptivos se produjo 1978, y que no es hasta 2010 cuando Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo garantizó los derechos en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es necesario recordar que en 1937 el gobierno de la II República (en concreto, la ministra de sanidad Federica Montseny) promulgó una ley que establecía, entre otros motivos, “el deseo consciente de interrumpir voluntariamente el embarazo a petición de la interesada”. Aunque en la práctica no dio tiempo a aplicarse en todo el territorio, era una de las leyes más modernas de Europa.

A pesar de ello:

• Según datos del Ministerio de Sanidad, hay 12 provincias donde no se ha practicado ningún aborto o no se ha reportado ningún aborto desde el año 2015, es decir, no se está garantizando territorialmente el acceso a un aborto público en todos los territorios. 
• La pobreza menstrual sigue siendo un factor determinante de desigualdad en nuestro país. 
• Los cuidados reproductivos o la responsabilidad de estos siguen recayendo en las mujeres.
• La pornografía sigue siendo la mayor fuente de educación sexual para adolescentes. 
• La cosificación de la mujer en los medios, sigue siendo un producto rentable para el capitalismo.

El horizonte es morado, la tramitación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como del “solo sí es sí”, las victorias recientes de mujeres argentinas, chilenas o colombianas sobre el aborto, y las reivindicaciones de esta cuarta ola del feminismo nos dibujan un horizonte de igualdad que aún se encuentra en construcción pero que seguro seguirá creciendo y siendo defendido en las calles, instituciones y medios por todas ellas, a las que acompañaremos en el proceso.